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La empresa estatal Corredores Viales, que la titular de las rutas que fueron concesionadas y luego, revertidas al Estado, le pidió a Vialidad Nacional que inicie el proceso para llamar a audiencia pública y disponer la actualización del cuadro tarifario, con la idea de que los valores actuales se multiplicarán por tres.

Pero esa no es la única novedad sino que además, en la discusión tarifaria que se inicia se colocará una fórmula de actualización para modificar mensualmente se refleje en el precio de los peajes. A partir de junio, la indexación tendrá una fórmula copiada a la que se decidió para la electricidad, con un índice que tomará en cuenta a los salarios y la inflación.

Los nuevos peajes se aplicarán a todos los corredores viales que alguna vez, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron concesionados mediante el sistema de Participación Público Privado (PPP), rescindidos por la administración de Alberto Fernández. Se trata de 10 corredores troncales, donde está incluida la autopista Ezeiza Cañuelas, cuya concesión era de Cristóbal López y que fue rescindida por el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

La empresa que maneja los peajes se convirtió en un enorme organismo que, ni siquiera, tiene claro la cantidad de trabajadores que cobran todos los meses. De hecho, el nuevo presidente, José Luis Acevedo, un hombre que viene de la firma “prima hermana porteña”, Autopistas Urbanas, ha llegado a un número aproximado pero no definitivo. El punto de indefinición está dado en que había centenares de contratos temporales que elevaban el número. “Más o menos, 4200″, contestan en la compañía.

Uno de los principales problemas de Corredores Viales, que ahora quedó bajo el ámbito de la Jefatura de Gabinete, es que siempre tuvo encima el peso de Vialidad Nacional, la rectora de las rutas argentinas que siempre vio con recelo la creación de otro organismo, en este caso, una empresa, que le quite funciones y protagonismo. Las dos están unidas por tres contratos que limitan fuerte la posibilidad de gestión autónoma en Corredores. Por caso, es imposible autorizar cualquier explotación en la ruta, por caso una estación de servicio, sin que Vialidad de el visto bueno. La nueva administración ambiciona llegar a un contrato, dar de baja dos y recuperar facultades para dotar de agilidad a la empresa.

Por ahora, no habrá privatización para las rutas con peaje. La razón es sencilla: no hay negocio como para atraer al capital privado. El mandato de la nueva gestión es intentar equilibrar los números. En realidad, lograr que los gastos corrientes se paguen con los ingresos de los peajes.

Ahora bien, para que eso suceda, estiman en el Gobierno, el valor por subir la barrera debería estar muy por encima de los 900 pesos que se autorizarán cuando termine el proceso formal. Por ahora, además, es un imposible pensar que con la recaudación se puedan solventar las inversiones en infraestructura.

Fuente: Misiones Online

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