Con votos del Frente de Todos y de sus aliados. La oposición no asistió. Tampoco estuvo presente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, quien no pertenece a ninguno de los bloques mayoritarios.

En una conferencia de prensa que brindaron en el Salón Provincias, mientras en el recinto el interbloque del oficialismo votaba la designación de María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, y el radical Eduardo Vischi al Consejo de la Magistratura, los legisladores opositores ratificaron que no bajarían a la sesión.

De hecho, como gesto de protesta, en los pupitres que habitualmente ocupan los integrantes de Juntos por el Cambio quedaron copias de la Constitución Nacional.

Ante la ausencia de los integrantes de la oposición, el interbloque del Frente de Todos resolvió acortar la lista de oradores de 18 a sólo cuatro, para aprobar el tema en el menor tiempo posible.

De hecho, el Presupuesto se debatió al mismo tiempo que la prórroga por cinco años de la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Bienes Personales, a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Ley del Cheque; del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022, que en conjunto explican 32% de la recaudación impositiva.

A grandes rasgos, el proyecto presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que sufrió algunas modificaciones en la Cámara de Diputados, prevé un gasto total de $29 billones, mientras que los recursos alcanzarían más de 22 billones y medio.

De hecho, el proyecto pretende reducir el déficit de 2,5 a 1,9%, por un monto de más de $6,4 billones.

La pauta inflacionaria está estimada en 60% anual y se incorporó un artículo que obliga al Gobierno a mandar una corrección del Presupuesto si la recaudación o la inflación supera la meta prevista en 10% al 31 de agosto próximo.

Además, se habilitó al jefe de Gabinete a readecuar partidas para que los gastos educativos no puedan ser menores a 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

Por otro lado, se incorporó el blanqueo de capitales sólo destinado a compras de viviendas usadas.